El Gobierno andaluz remite a la Comisión Europea su posición oficial sobre la futura Política Agraria Común


La Junta de Andalucía ha remitido a la Comisión Europea su posicionamiento oficial ante la consulta pública abierta por esta institución sobre la futura Política Agraria Común (PAC), que actualmente se debate para su implantación a partir de 2020 tras la finalización del actual marco financiero de la Unión.

En esta respuesta, la Administración autonómica reclama que el nuevo modelo siga garantizando el nivel de renta de los agricultores, contribuyendo a evitar la despoblación de las zonas rurales y afianzando un sector estratégico, el agroalimentario, que en Andalucía aporta en torno al 8% del Producto Interior Bruto regional y el 10% del empleo.

El posicionamiento del Gobierno andaluz se resume en los siguientes seis puntos:

– Es necesaria una PAC fuerte, tanto desde el punto de vista presupuestario como legal, que proporcione un marco estable que permita dotar las decisiones del sector productor de seguridad jurídica evitando las modificaciones a corto plazo.

– Hay que mantener las ayudas a la renta a través de pagos directos al agricultor, ya que constituyen el mejor medio para alcanzar los objetivos específicos de la PAC y los nuevos retos ambientales, sociales y territoriales a los que se enfrenta la Unión Europea en el futuro.

– Ha de tenerse en cuenta la diversidad de las producciones y territorios en las distintas regiones que la conforman, de forma que cualquier nueva medida a aplicar pueda adaptarse a las particularidades de las mismas.

– Mantener la sostenibilidad en tres ámbitos principales, social, económico y medioambiental. Este tipo de agricultura genera empleo, mantiene un mundo rural vivo, con explotaciones viables económicamente al mismo tiempo que produce alimentos sanos y de calidad para las personas consumidoras, respeta el medio ambiente y contribuye al mantenimiento de ecosistemas valiosos y de su biodiversidad en beneficio de las comunidades urbanas y rurales.

– Una PAC que garantice un desarrollo rural en el que se fomenten las inversiones innovadoras y la modernización de las explotaciones, y que permita el relevo generacional y la implicación de la mujer para alcanzar el objetivo de fijar la población en el territorio, de acuerdo con el enfoque de la iniciativa Leader.

– Y finalmente una PAC que apuesta por la simplificación como una prioridad, no sólo en términos legislativos, sino también en su aplicación y en la realización de los controles de los requisitos mediante la digitalización de la agricultura y la aplicación de las nuevas tecnologías disponibles para reducir la carga burocrática y el coste administrativo.

A partir de estos principios, la Junta expresa su respaldo al Gobierno de España en la negociación que ahora se inicia, ante la puesta en duda del modelo por algunos Estados miembros de la Unión. Así también quedó plasmado en la última Conferencia Sectorial de Agricultura y Desarrollo Rural entre la Administración central y las comunidades autónomas, celebrada el pasado 24 de abril.

Un grupo de trabajo con representantes de la Administración autonómica, las organizaciones profesionales agrarias y la entidad Cooperativas Agro-alimentarias se encarga de realizar el seguimiento de la negociación con Bruselas y de canalizar las aportaciones del sector.

La consulta pública de la Comisión Europea sobre el futuro de la PAC se inició el 2 de febrero y se ha cerrado el martes 2 de mayo, con más de 175.000 respuestas. Sus resultados se darán a conocer en el mes de julio. A finales de 2017 está previsto que se presente una comunicación sobre las prioridades futuras y que durante el primer trimestre de 2018 vean la luz las propuestas de reglamentos, que se debatirán hasta 2019. El calendario comunitario incluye también otras citas que, aunque al margen de la negociación de la PAC, afectarán a su diseño. Entre ellas destacan las relacionadas con las elecciones previstas en varios estados miembros de la Unión Europea, el nuevo marco financiero plurianual o el 'Brexit'.

La PAC, que absorbe en torno al 40% del presupuesto de la Unión, es fundamental para evitar la despoblación del medio rural, no sólo a través del complemento a la renta sino también por el efecto multiplicador en la economía. Sus ayudas directas y al desarrollo rural han permitido incrementar la renta agraria andaluza un 54% durante los últimos 30 años, hasta superar los 8.800 millones de euros; han contribuido al mejor dimensionamiento de las explotaciones, y han hecho posible el mantenimiento del empleo en el sector con cerca 220.000 ocupados, incluso en los peores momentos de la crisis económica. En estas tres décadas, Andalucía ha recibido más de 45.000 millones de la PAC, con una media actual de unos 1.900 al año.